¿Qué cosas suceden con el apagón? Experiencias de registro de censura en Latinoamérica

“No puedo subir un video”, “bajaron mi publicación porque es considerada ‘contenido delicado’”, “me cerraron mi cuenta” o “perdí la conexión” son los pedidos de auxilio que se repiten en diferentes territorios de América Latina. La censura dirigida fue notable durante los enormes estallidos sociales que hoy continúan con resistencia callejera y enorme presencia de colectivas feministas. ¿Qué significan estos ataques recurrentes a nuestras comunicaciones? ¿cómo registrarlas y darles seguimiento?

En esta nota condensamos la conversación virtual “¿Qué cosas suceden con el apagón?”

La campaña ¡Dominemos la Tecnología! en el marco de los últimos 16 días de activismo (del 25 de noviembre al 10 de diciembre) llamó la atención sobre todos los intentos de silenciarnos, de bloquear nuestro paso en el espacio público y nuestro derecho a reunirnos a debatir en internet. Así como cuando quieren perseguirnos por difamación en lugar de poner la lupa sobre nuestros atacantes, cierran nuestras cuentas o eliminan nuestras publicaciones porque misteriosamente “éstas no encajan en los estándares comunitarios”. En este texto encontraremos puntos en común cuando la violencia estatal arrecia, así como compartiremos las buenas prácticas para proteger las voces disidentes.

El contexto impone hablar de ataques a la libertad de expresión mediados (o no) por tecnologías. No alcanzan los ojos ni hay resistencia emocional para procesar los niveles de violencia que traen las noticias que recibimos de las movilizaciones (y la posterior represión violenta) en países como Ecuador, Chile, Nicaragua, Bolivia y Colombia. Las redes sociales privativas, pese a su sesgo algorítmico machista y patriarcal, nos dejan asomar a los testimonios visuales registrados por la ciudadanía teléfono celular en mano. Las resistencias callejeras y las denuncias que aún son posibles en una internet hiper comercial nos dan oxígeno para seguir.

Supimos por medio del informe de la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación en Chile, así como la publicación de APC, Digital Defenders Partnership (DDP), LaLibre.net Tecnologías Comunitarias, Taller de Comunicación Mujer que los apagones de internet existieron y que la censura se manifestó de manera diversa. Las organizaciones de la sociedad civil en relación con organizaciones comunitarias tanto en alianza con las academias son piezas clave en la documentación de las interrupciones a los flujos informativos.

Los ataques a la libertad de expresión que permite el acto vital de dar la propia versión de los hechos se encarnan en actos diversos como: el ataque directo de un militar sobre el celular de una manifestante, el bloqueo de una cuenta en Twitter, así como también en la cancelación de una publicación en Facebook y en un celular que en el momento menos esperado pierde señal.

“El derecho a la protesta y la libertad de expresión son dos derechos extremamente relacionados. Por ello las disrupciones en las comunicaciones de internet en forma de apagones y restricciones constituyen en censura directa hacia la población y en factores que restringen el ejercicio de derechos fundamentales” destaca el informe que relata los apagones vividos en Ecuador. Esos derechos fundamentales necesitan ser reafirmados, por eso el pasado 02 de diciembre más de 20 personas nos convocamos en una plataforma segura de VOIP para compartir experiencias de los territorios. Tomar en cuenta buenas prácticas de identificación de anomalías y censura, así como de resguardo de nuestra información.

Organización del caos

Para poder dar forma a las inquietudes, dudas y estímulos de querer saber cómo actuar, y desentrañar cómo organizarnos en medio del caos, la violencia y la confusión que se están dando en nuestras ciudades y territorios en Latinoamérica en torno a este tema, invitamos a Patricia Peña (Chile) - Datos Protegidos y Universidad de Chile, Pilar Sáenz (Colombia) de Karisma, Anais Córdova Páez (Ecuador) – Taller de Comunicación Mujeres y a Damaris Mendoza (Nicaragua), consultora y defensora digital.

En esta sección destacaremos solo algunas partes de la conversación con el objeto de resaltar las observaciones que las activistas hacen sobre las disrupciones mas graves atestiguadas en sus países. Dan cuenta de un horizonte compartido en el que las prohibiciones de las libertades civiles confluyen en toques de queda o Estados de sitio y, fundamentalmente, en el que las formas de silenciamiento son variadas y los niveles de tecnologías involucrados (tanto para censurar como para ser censuradas) se diferencian según el contexto.

Chile

Patricia Peña hizo un breve racconto de los hechos desatados a partir del pasado 18 de octubre con la movilización de la comunidad de estudiantes en contra del aumento del boleto del metro en Santiago de Chile. La gravedad de la respuesta estatal se cristalizó con la imposición de un toque de queda: “al inicio sentimos el miedo de saber que durante el tiempo que durara el toque de queda se iba afectar el acceso a internet. El toque de queda iba a durar seis noches. En ese momento las redes sociales y el Whatsapp se comenzaron a usar con una intensidad muy potente. Durante el primer fin de semana ocurrió que nos empiezan a avisar cosas como “intento subir algo y no puedo” en distintas redes sociales (Instagram y Facebook particularmente). Sucede que en esos días lo que se estaba compartiendo por redes sociales era un material muy fuerte relativo a detenciones, con fuerzas de la policía entrando a muchas poblaciones disparando, teníamos a muchos militares en la calle”.

Al promediar los 100 casos que reportaban anomalías en la carga de contenidos, la organización Datos Protegidos avanzó en la formulación de un cuestionario. Dicho formulario, contó Peña, se comenzó a activar entre muchos colectivos feministas y medios comunitarios que reportaban casos que iban desde “no puedo acceder a la cuenta”, “no puedo ver lo que están subiendo mis amigos” o “no puedo subir algo”. Ese no puedo subir algo podía ser desde un video muy importante de registro “que podía ser un carabinero disparando en una población, así como la constatación de que se estaban llevando a alguien detenido esa noche. Eso pasó con estudiantes secundarios. Además toda esa información ayudaba a tener material de registro, era material que ayudara a hacer las denuncias”.

Por parte de la organización se intentó orientar las sospechas acerca del origen de la censura, ya que no necesariamente se sabía quién estaba censurando las redes sociales “¿Es el gobierno? ¿Esto tiene que ver con una censura explícita? ¿de parte de quién? Ahí fue importante tener la capacidad para contactar con las plataformas de redes sociales para entender la naturaleza de estos tipos de incidentes” explicó Peña.

Lecciones aprendidas

• Importancia de sistematizar / trabajar colectiva y colaborativamente en registros de incidentes.
• Ante los reclamos de contenidos censurados las plataformas dieron respuestas (se abrieron conversaciones con Facebook, Twitter, Instagram).
• Seguir acompañando a grupos: si bien hay una conciencia mucho mas grande que no se tenía hace un mes de que tenemos que proteger los equipos y dispositivos, hay una oportunidad y momento de mucha articulación para ir documentando y poner al servicio un trabajo práctico y acompañamiento en territorios donde hay urgencia.
• Trabajo gradual en cifrado de comunicaciones y archivos.

Ecuador

Anais Córdova Páez relató que el estallido social en Ecuador se desencadenó el pasado 2 de octubre en el momento que el Estado ecuatoriano presentó el decreto 883. Este decreto se orientaba a quitar los subsidios en la gasolina y buscaba, por otra parte, reducir derechos laborales de la población, entre otras recetas del Fondo Monetario Internacional para América Latina. Entre los días 2 y 3 se convocó a un paro de transportistas por el tema de los subsidios a la gasolina. Al poco tiempo empezó a articularse una movilización que abarcaba organizaciones de todo el territorio ecuatoriano, y así las organizaciones indígenas se convocaron para ir a la capital en un fenómeno de levantamiento social que no se veía desde 1989.

“El día 6 de octubre sale un reporte de la organización Netblocks, ese día sucede el primer reporte de que existe una restricción en la señal. Este primer reporte nos muestra que ese día en el que ya estaban en Quito todas las organizaciones indígenas, ya había una organización clara en las calles entonces comienzan los apagones”.

Las organizaciones que trabajan en derechos a la comunicación decidieron, según relata Códova-Páez, hacer un seguimiento de lo que estaba sucediendo. Esto incluyó dirigirse personalmente a las zonas de mayor conflicto verificar la falta de señal de teléfono e internet y hacer un relevamiento de la inhibición generalizada. “Estuvimos viendo varias bajas en relación a medios comunitarios, alternativos. No solamente se bajaron sus páginas sino que hubo una gran censura y se eliminaron muchísimos contenidos. Pero algo que desencadenó el primer apagón fue el asesinato por parte de los policías de un estudiante, y a partir de esto es que mucha gente comienza a organizarse, a reaccionar, a darse cuenta que la represión policial era sumamente alta, muy diferente a las veces anteriores."

Las organizaciones ecuatorianas reportaron, además, falta de acceso a comunicaciones al interior de hospitales y de universidades, lugares en donde el movimiento indígena movilizado se asentó para marchar y reclamar por sus derechos. Espacios de atención de víctimas en donde la comunicación es un activo fundamental para dar servicios.

“El siguiente momento de gran apagón fue el día 10 cuando estaba convocada una marcha grande. Convocaba el movimiento indígena de la Sierra, así como el movimiento indígena amazónico y varias otras organizaciones. Esto implicó que hubo muchísima represión. Al día siguiente en una misa funeraria y un homenaje a todas las personas que fueron asesinadas durante este momento de paro que tenía lugar en el Ágora de la Casa de la Cultura, hubo un apagón completo para todas las personas que estaban allí y alrededor de ese espacio. Unos kilómetros mas allá sí había señal. En ese momento se desplegó el miedo. Se percibió que el peligro era inminente, real, que había un apagón en un comienzo de la CNT (la compañía telefónica nacional) y después de la empresa Claro".

Para Córdova Páez, junto con las organizaciones que mapearon los apagones en Ecuador, lo mas grave del asunto fue la vulneración al derecho estar comunicados/as y aún mas en momentos en los que se dan olas de desinformación, complementados por bloqueos de otros servicios complementarios.

Lecciones aprendidas

• Importancia de tener la infraestructura de sitio web como respaldo de la información. Se destaca la implementación de la misma implica un significativo trabajo de acompañamiento y seguimiento.
• Llevar bitácoras sistematizadas de registro de eventos desafortunados. Además de la posible utilización de Ooni (herramienta de Tor Project que permite estudiar las interrupciones de las comunicaciones en internet), entre otras herramientas se pueden usar las conocidas libretas de papel y/o planillas excel.
• Aprender de los procesos históricos de acompañamiento feminista y cómo estos aprendizajes se pueden engranar en los procesos de vulneración de derechos digitales.
• Tener en cuenta la posible desactualización de equipos y celulares dependiendo de las diversas comunidades con las que se trabaja. Realizar acompañamientos y actualizaciones.

Colombia

Colombia vive un momento de movilización aguda desde el 21 de noviembre, relató Pilar Sáez de Fundación Karisma. “La convocatoria a esta movilización no es única, sino que era una llamada de centrales obreras, grupos de estudiantes y organizaciones indígenas porque las políticas de gobierno no han correspondido con muchas de las expectativas que se tenían en relación a los acuerdos de paz. Varias de las condiciones que hay en términos de salud, trabajo y educación no son las mejores".

Los acuerdos realizados durante los últimos años no se han cumplido en términos de presupuesto, proyectos y programas que se traduzcan en un mejoramiento de la calidad de vida de toda la población especialmente las poblaciones vulnerables específicas como las víctimas del conflicto armado incluyendo estudiantes, indígenas, campesinos, negritudes. La adhesión de las poblaciones de las capitales a estas manifestaciones en Colombia son inéditas, tanto que las personas participaron de su primer “cacerolazo” el 21 de noviembre.

Sáenz informó que previamente hubo una campaña muy grande del gobierno en contra de la protesta. Así mismo el fenómeno represivo del toque de queda se repitió en este territorio. “Ese mismo 21 por primera vez en muchísimos años se decretó un toque de queda en una ciudad capital: Cali. El 22 de noviembre se decretó un toque de queda en Bogotá, algo absolutamente extraño que era que no había toque de queda desde los años 70”.

Respecto de los apagones de señal, Sáenz reseñó que hasta el momento de esta conversación no se había registrado ningún bloqueo importante de internet. No obstante, la situación es diferente en lo que respecta a las redes sociales propietarias “se ha reportado que es mucho mas difícil acceder a Facebook, en algunos momentos a Twitter pero no hay bloqueo comprobable del que podamos tener datos certeros. Lo que sí hemos visto ha sido problemas particulares de contenidos que han sido dados de baja por las redes sociales, particularmente en Facebook, clasificándolos como ‘contenidos delicados’ e impidiendo que las personas que habían compartido esos contenidos puedan hacer parte de la conversación en redes sociales y puedan seguir publicando desde sus cuentas”.

El panorama también plantea problemas y retos para la libertad de expresión porque se evidencia que las plataformas, con base en el Valle del Silicio, están tomando la decisión de omitir la circulación de cierta información. Aún hoy las reglas por las cuáles están siendo omitidas no son lo suficientemente claras. “Hasta ahora no hemos hallado una forma de cuestionar las formas en que las plataformas toman decisiones sobre estos contenidos y sobre las personas, con afectación que genera en términos de ella cantidad de información que circula en el país” resalta la activista de Karisma.

Lecciones aprendidas

• Asumir el trabajo de llevar una documentación y preparar reportes que permitan señalar incidentes que estén comprobados.
• Seguir exigiendo a las plataformas que den razones públicas de por qué siguen realizando censuras y/o bloqueos de contenidos.
• Revisar informes de transparencia de plataformas privativas para constatar si se reflejan las peticiones que hacen nuestros gobiernos sobre censuras de contenido.

Nicaragua

En el caso de Nicaragua, la represión del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya ha provocado la muerte de más de 300 personas, mientras que cientos de personas están desaparecidas o privadas de su libertad sin justa causa.

La crisis, que estalló a raíz del descontento social que la población arrastra desde hace años con el Gobierno del FSLN, sobrepasó ampliamente las garantías de cumplimiento y respeto de los derechos humanos: la represión, las agresiones físicas y el miedo psicológico, se convirtieron en vías para intentar restablecer el orden, la razón de Estado y extinguir la protesta social. Las redes se llenaron de memes, hashtags y los ya célebres apoyos con foto y cartel llegados desde todo el mundo. También se difundieron flyers con denuncias concretas de personas —estudiantes y activistas particularmente— que estaban siendo secuestradas a plena luz del día.

Damaris Rivera Mendoza, defensora de derechos digitales y formadora en seguridad digital señaló que en marzo de 2018 hubo un intento por parte del gobierno de imponer una “ley mordaza” con el fin de censurar las redes sociales. “El disfraz era usar el Código de la familia, con la idea de proteger a niños y jóvenes de ciberbullying y/o ciberacoso, la fachada era tratar de proteger la seguridad de la población. Posicionarse en contra de los ‘rumores’ que desestabilizaban al gobierno. La ley no pasó, el poder legislativo no lo llevó a cabo”.

No obstante, Rivera Mendoza manifestó que durante los últimos años de plomo del gobierno orteguista la censura se manifiesta de una manera muy específica. “Lo que sucede aquí en Nicaragua es una combinación de la parte tecnológica y de la parte física. Entiendo que hay un equipo de trolls por detrás de la pareja presidencial que cuando verificó que las redes sociales era nuestro medio para efectuar nuestra libertad de expresión sobre lo que estaba pasando en Nicaragua comenzó la persecución. Este equipo da seguimiento a todo lo que los y las nicaragüenses denunciábamos y publicábamos en las redes. Buscando evitar el trabajo en redes sociales y de activistas”.

Mendoza Rivera se refirió a diferentes estrategias de hackeo de cuentas de Facebook de las personas con mas influencia en redes sociales. Otro dato interesante que resaltó la activista se relaciona con los territorios. Se da en cada barrio y también a nivel departamental en donde existen Consejos de poder ciudadano. “En cada barrio hay una o dos personas que dan cuenta de lo que acontece en ese barrio y lo informan. A partir de que se está controlando en las redes sociales, el vecino también está controlando lo que hace cada una de las personas. Sumado a esto también está el tema de los paramilitares. El domingo pasado hubo una activista que sufrió asedio en su casa de parte de la policía porque tiene protagonismo en redes sociales o en las pocas radios alternativas que han quedado transmitiendo. Lo que quiero transmitir es que la censura no se da sólo en redes sociales sino que es ese trabajo de casa, de barrio, en el que estas totalmente vigilado”.

Lecciones aprendidas

• Uso de comunicacioes cifradas, TOR y VPNs.
• Promoción de formación en seguridad digital a través de talleres y acompañamientos presenciales en territorio, zonas urbanas y zonas marginadas.
• Les activistas cuando salen a marchar no llevan sus celulares “inteligentes”. Mas bien se respaldan con celulares básicos con información minimizada, imprescindible para evitar la exposición de contactos e información personal en caso de detenciones.

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